CSJN. 05/11/2026. “Cabana Opanasiuk, Leonardo c/UNIR SA y otros s/ despido”
Votos: Rosatti – Rosenkrantz – Lorenzetti
Ajuste de créditos en causas laborales. Actualización. Ley de Modernización Laboral. Ley aplicable. Art. 55 ley 27.802
El caso:
La Sala II CNAT declaró la inconstitucionalidad de las leyes 23.928 y 25.561 en cuanto prohíben la actualización monetaria, por variación de costos o por cualquier otra forma de repotenciación de las deudas y determinó que los créditos laborales implicados deberían reajustarse por aplicación del Índice de Precios al Consumidor más un interés del tres por ciento (3%) anual.
Las demandadas dedujeron recursos extraordinarios y la Corte declaró inoficioso pronunciarse. Recordó que sus sentencias deben ceñirse a las circunstancias existentes al momento de la decisión aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del remedio federal y que si en el transcurso del proceso han sido dictadas nuevas normas sobre la materia el pronunciamiento deberá atender también a las modificaciones introducidas por esos preceptos en tanto configuren situaciones de las que no es posible prescindir. Consideró entonces la aplicación de las directivas fijadas en la ley 27.802, denominada «Ley de Modernización Laboral» y la operatividad de su artículo 55, en tanto establece taxativamente los criterios en materia de ajuste de créditos aplicables a las causas laborales sin sentencia definitiva firme.
Por aplicación de la doctrina establecida en el precedente «Peso» (Fallos: 307:2061) dejó sin efecto las decisiones recurridas y dispuso la devolución de las actuaciones al tribunal de origen para que se dicten nuevos fallos.
Sumarios:
En virtud de la operatividad del artículo 55 de la ley 27.802, denominada » Ley De Modernización Laboral», en tanto establece taxativamente los criterios en materia de ajuste de créditos aplicables a las causas laborales sin sentencia definitiva firme, resulta inoficioso un pronunciamiento del Tribunal sobre el punto que dio lugar a las apelaciones federales y a su concesión por parte de la cámara, relativo a la declaración de inconstitucionalidad de las leyes 23.928 y 25.561 y por aplicación de la doctrina establecida en el precedente «Peso» (Fallos: 307:2061) corresponde dejar sin efecto la decisión recurrida y ordenar el dictado de un nuevo fallo.
Las sentencias de la Corte deben ceñirse a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del remedio federal, y si en el transcurso del proceso han sido dictadas nuevas normas sobre la materia objeto de la litis, el pronunciamiento deberá atender también a las modificaciones introducidas por esos preceptos en tanto configuren situaciones de las que no es posible prescindir.
La Corte Suprema ordenó aplicar el artículo 55 de la Ley 27.802
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto, en lo pertinente, ocho sentencias laborales y ordenó dictar nuevos fallos conforme al artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral 27.802. La decisión, del 5 de noviembre de 2026, incide sobre una pregunta decisiva para quienes litigan por un despido: cómo se calcula el crédito mientras transcurre el juicio.
Tener una sentencia favorable puede no cerrar la discusión sobre cuánto se cobrará. En estos expedientes, la Corte consideró que la nueva legislación debía ser atendida al resolver los recursos pendientes. El fallo no fijó importes finales ni dispuso una reducción automática de todas las indemnizaciones.
El pronunciamiento fue dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, en el expediente “CABANA OPANASIUK, LEONARDO c/ UNIR SA Y OTROS s/ DESPIDO” y otros siete expedientes. Las decisiones revisadas provenían de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. 1
La Corte resolvió mediante una misma sentencia ocho expedientes que planteaban una cuestión jurídica común. El pronunciamiento utiliza fundamentos comunes para disponer el dictado de nuevas decisiones en cada causa. 1
La Sala II había declarado inconstitucionales las prohibiciones de actualización monetaria de las leyes 23.928 y 25.561 y dispuesto reajustar los créditos mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un interés del 3 % anual. Las demandadas recurrieron. Los recursos extraordinarios fueron concedidos únicamente respecto de esa cuestión constitucional; las objeciones por arbitrariedad quedaron fuera de la revisión porque no se presentaron las quejas correspondientes.
La Corte recordó que debe resolver según las circunstancias existentes al momento de decidir, incluidas las modificaciones normativas sobrevinientes relevantes. Por eso consideró aplicable el artículo 55 de la Ley 27.802, vigente desde el 6 de marzo de 2026, a estas causas sin sentencia definitiva firme.
La consecuencia fue concreta: declaró inoficioso pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de las prohibiciones de indexar.
Entendió que ya no correspondía resolver aquel debate en los términos originales, porque una ley posterior establecía reglas específicas para esos créditos. Dejó sin efecto las sentencias en lo pertinente y devolvió las actuaciones para nuevos pronunciamientos. Las costas de esta instancia se impusieron por su orden.
Este fallo de la CSJN y el fallo de la SCBA “Fernández”
En el caso “Fernández” sobre actualización de créditos laborales la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires rechazó el planteo de inconstitucionalidad del artículo 55 y ordenó aplicar sus pautas. Para decidir así, consideró razonable la diferenciación establecida por la ley entre los regímenes de actualización y destacó la función protectora que atribuyó al piso del 67 %. También señaló que no se había demostrado concretamente la afectación patrimonial invocada. Su decisión combinó, por lo tanto, una valoración favorable del régimen legal y una objeción a la falta de acreditación del perjuicio en ese expediente.
Ambas decisiones conducen a aplicar el artículo 55, pero sus fundamentos deben distinguirse. En este nuevo fallo, la CSJN no desarrolló un examen de constitucionalidad del propio artículo 55: lo consideró operativo para las causas pendientes de sentencia definitiva firme y, a partir de ello, estimó inoficioso resolver el cuestionamiento a las antiguas prohibiciones de actualización. El eje de su razonamiento fue la existencia de una legislación sobreviniente que establecía pautas específicas para resolver la cuestión debatida.
La coincidencia en la solución no convierte a ambos fallos en pronunciamientos de idéntico alcance. Mientras la Corte bonaerense examinó y rechazó una impugnación constitucional del artículo 55, la Corte nacional ordenó dictar nuevas decisiones conforme a ese régimen, sin desarrollar un análisis equivalente sobre su validez constitucional ni establecer cuánto debía cobrar cada trabajador.
Conclusión
El pronunciamiento refuerza la aplicación del artículo 55 de la Ley 27.802 a los procesos comprendidos en su ámbito y obliga a revisar las expectativas de cobro con ese marco legal. Sin embargo, no fija los importes finales ni establece una reducción uniforme de los créditos. La Corte ordenó dictar nuevos fallos y no desarrolló un examen de constitucionalidad del propio artículo 55. Ese alcance debe tenerse presente para no atribuirle conclusiones más amplias que las que efectivamente adoptó.
SINTESIS
Actualización de créditos laborales. Aplicación del art. 55 ley 27.802
En Cabana Opanasiuk, Leonardo c/ UNIR SA y otros s/ despido (y otros siete expedientes), el 5 de noviembre de 2026, la CSJN con votos de Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti ordenó dictar nuevos fallos conforme al artículo 55 de la ley 27.802.
Qué había decidido la Cámara
La Sala II de la CNAT aplicó el IPC más un interés del 3 % anual a los créditos laborales.
Para ello, declaró inconstitucionales las prohibiciones de actualización monetaria previstas
en las leyes 23.928 y 25.561.
Las demandadas interpusieron recursos extraordinarios.
Qué revisaba la Corte
Las objeciones por arbitrariedad quedaron fuera de la revisión porque no se presentaron las quejas correspondientes.
La Corte resolvió ocho expedientes con una cuestión jurídica común.
La legislación sobreviniente
La Corte debe resolver según las circunstancias existentes al momento de decidir.
Esto incluye las modificaciones normativas relevantes dictadas durante el proceso, aunque
sean posteriores a la interposición del recurso.
Con ese criterio, consideró operativo el artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral 27.802.
El alcance del artículo 55 ley 27.802
La norma fija criterios de ajuste para las causas laborales sin sentencia definitiva firme.
La Corte entendió que esas pautas debían ser atendidas al resolver los expedientes.
Declaró inoficioso pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de las antiguas prohibiciones de actualización.
Qué dispuso el Tribunal
Dejó sin efecto las sentencias en lo pertinente y devolvió las actuaciones al tribunal de origen.
Ordenó dictar nuevos pronunciamientos, por aplicación de la doctrina del precedente Peso,
Fallos 307:2061.
Las costas de esta instancia se impusieron por su orden.
La comparación con el caso Fernández de la SCBA
La SCBA examinó y rechazó la impugnación constitucional del artículo 55 en Fernández.
En Cabana Opanasiuk, la CSJN consideró operativa la norma sobreviniente, sin desarrollar un examen equivalente de su constitucionalidad.
Ambas decisiones conducen a aplicar el artículo 55, pero sus fundamentos y alcances deben distinguirse.
Qué implica para el crédito
El fallo exige nuevas decisiones conforme al marco legal aplicable.
No fijó los importes finales que debía cobrar cada trabajador ni dispuso una reducción automática y uniforme de las indemnizaciones.
La Corte tampoco desarrolló un examen de constitucionalidad del propio artículo 55 ley 27.802.
