Actualización de créditos laborales. Constitucionalidad del art. 55 ley 27.802. Fallo de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires “Fernández c/ Ozuna” (21/10/2026)
L – 130895 – FERNANDEZ HILDA NOEMI C/ OZUNA JOSE ANTONIO S/ DESPIDO – SENT. DEL 21-10-2026
El tribunal del Trabajo hizo lugar a la demanda y , mediante sentencia de agosto de 2022 (previo al dictado del fallo “Barrios”, C124.096, sent. del 18-4-2024), ordenó que sobre el capital de condena se calculen intereses según la tasa más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, con cita en el precedente de la SCBA «Trofe» (L. 118.587, sent. de 15-VI-2016).
Contra dicho pronunciamiento la parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y, tramitando el mismo, al evacuar el traslado conferido respecto de la entrada en vigencia de la ley 27.802 planteó la inconstitucionalidad de los arts. 55 y 56 por considerarlos violatorios de los arts. 14, 14 bis, 16 y 17 de la CN ante la distinción que la norma efectúa respecto de los juicios en trámite (piso del 67% del IPC más 3% anual).
En primer lugar la Corte ratifica que el tratamiento de la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928 (planteada por la actora), ha perdido virtualidad con la vigencia de la ley 27.802 siguiendo los lineamientos en el fallo «Barrios» (sent. de 17-IV-2024), donde se estableció que cuando la ley disponga un método o sistema de actualización, corresponde —por regla— dirimir la problemática conforme sus prescripciones, postura ratificada en las causas L. 132.729, «Galarza», (sent. de 30-III-2026), L. 139.012, «Vera», (sent. de 24-IX-2026).
Con relación al art. 54 de la ley 27.802 indicó que se trata de una norma posterior y especial que desplaza a la ley 23.928 (modif. por ley 25.561), y en relación al art. 55 señaló que es una norma que tiene proyección temporal hacia el pasado y carácter transitorio, a partir de allí ingresó al análisis de los agravios planteados por la parte actora.
En cuanto a la denuncia de transgresión de los arts. 14 bis y 16 de la CN destacó que la igualdad ante la ley no es otra cosa que el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias, indicando que si bien los arts. 54 y 55 de la ley 27.802 establecen un régimen aplicable diferente en función del ámbito material y temporal que describen, ello obedece a pautas objetivas toda vez que los trabajadores alcanzados por cada uno de esos preceptos no se hallan en identidad de circunstancias relevantes, ni los preceptos involucran, por esa precisa distinción, una discriminación irrazonable.
Destacó además que la regulación está orientada a tutelar la integridad del crédito emergente del contrato de trabajo, finalidad que encuentra sustento en el principio protectorio consagrado en el art. 14 bis de la CN y en los instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22).
En cuanto al planteo relativo a que el piso mínimo del 67% del IPC más una tasa del 3%, conduce necesariamente a la pérdida de una parte sustancial del valor del crédito y vulnera el derecho de propiedad indicó que por el contrario, el mismo se dirige a resguardar el crédito y funciona como garantía de protección recurriendo a la pauta del 67% del cálculo arribado según el inc. «b», pauta que fuera considerada válida por la CSJN en «Vizzoti» (CSJN Fallos: 327:3677), y por la SCBA en «Bravo Elizondo» (sent. de 28-VI-2006).
Finalmente concluye que la norma en cuestión tiende al mantenimiento de la incolumidad e integralidad del crédito bajo parámetros de razonabilidad (art. 28, CN), y contribuye a reforzar la seguridad jurídica, y como consecuencia de ello, desestima el planteo de inconstitucionalidad del art. 55 de la ley 27.802 y se dispone su aplicación al caso traído.
